PUEBLA, Pue., (apro).- El gobernador Miguel Barbosa Huerta dijo que en las investigaciones en torno al desplome del helicóptero en el que murieron la gobernadora Martha Erika Alonso y el senador Rafael Moreno Valle, se esclarecerán muchas cosas, entre ellas si el exmandatario panista era propietario de la aeronave en la cual murió.  

En rueda de prensa, el mandatario morenista hizo mención que el helicóptero al momento del percance era piloteado por Roberto Coppe Obregón, quien trabajaba para el gobierno estatal en ese momento.  

“Si la aeronave, como se dijo en versiones de mucha gente, era propiedad de hecho del señor fallecido, Rafael Moreno Valle, parece que era una propiedad simulada porque estaba a nombre de la empresa, parece ser, aunque de hecho fuera del señor Moreno Valle”, señaló.  

“¿Cómo era posible que, si la empresa era la dueña del helicóptero, fuera piloteado por gente de gobierno, el señor (el piloto Roberto) Coppe, verdad? Todo ese tipo de cosas tendrán que verse, tendrán que salirse”, agregó. 

El mandatario consideró que los cuestionamientos en torno a las actuaciones de la Fiscalía General del Estado, ejecutadas el 24 de diciembre en contra de técnicos que daban mantenimiento a la aeronave, son parte de una estrategia del PAN para victimizar en campaña al matrimonio de políticos panistas. 

“Yo dije que iba a ser una estrategia del PAN en campaña para victimizar a las personas que fallecieron, que de hecho son víctimas, y para generar condiciones de atracción política”, sostuvo. 

Sin embargo, dijo que no había razón para esto porque si los responsables señalados por la Fiscalía son los que suministraban el mantenimiento a la aeronave, el contexto que controlaba ese servicio estaba dentro del gobierno de ese entonces que era panista. 

En ese sentido, el gobernador volvió a defender la actuación de la Fiscalía sustentado en el dictamen de la SCT, aunque reconoció que ese informe oficial sobre las causas del accidente no fue realizado para fijar responsabilidades.  

“Esto que hace la Fiscalía (al detener a cinco técnicos) ya es otra cosa. Y no se trata de que se piense, se suponga que por qué la Fiscalía General del Estado haya actuado: es su obligación, estaba obligada”, recalcó.  

Incluso, agregó que la Fiscalía está obligada a investigar todo lo que resulte o que siga apareciendo en torno a este caso.  

“Y seguir buscando si existen muchas más cuestiones que determinar y responsabilidades que fincar. Si las hubiere”, subrayó.  

El 24 de diciembre, la Fiscalía General de Puebla detuvo a cuatro trabajadores del taller Rotor Flight Service, que estaba a cargo de mantenimiento del helicóptero que se desplomó hace dos años en terrenos de cultivo de Santa María Coronango.  

La defensa expuso en la audiencia inicial que la Fiscalía poblana se basó sólo en el peritaje de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para fincar responsabilidades, sin embargo, ese informe hecho público el 27 de marzo de 2020 maneja como causa probable una supuesta avería que es puesta en duda por expertos en aeronáutica, pues nunca se ha presentado en la historia de la aviación mundial.