Va el SAT vs. Ríos-Farjat por omisión

En la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura hay un expediente que es una papa caliente. No es Arturo Zaldívar y su extensión de dos años más en la presidencia.

Es una investigación a la ministra Margarita Ríos-Farjat. Mejor dicho: una pesquisa que su sucesora Raquel Buenrostro abrió a su esposo, Gabriel Cavazos, que ya suena a escándalo en la 4T.

El caso es delicado, pues al interior del gobierno de Andrés Manuel López Obrador se ve como algo que rebasó el ámbito del conflicto de interés en el que cabría una excusa de los involucrados.

Resulta que cuando Ríos-Farjat fue jefa del SAT su marido fue contratado como “representante en el extranjero” (lo que eso quiera decir) de Fomento Económico Mexicano, mejor conocido como FEMSA.

Estamos hablando, ni más ni menos, que del conglomerado de empresas de Monterrey que preside José Antonio Fernández Carvajal, quizás el empresario más enfrentado a López Obrador.

FEMSA fichó con una iguala mensual muy generosa al despacho Monarch Global Strategies de la que Cavazos es su asesor sénior y que lo mantiene permanentemente entre Monterrey y la CDMX.

En la 4T, sobre todo en la cabeza de Buenrostro, está la creencia que lo que hizo FEMSA los primeros años del nuevo gobierno fue “comprar” la inacción de Ríos-Farjat como responsable de cobrarle impuestos.

Recuerde que una vez que hubo el cambio en el SAT a FEMSA le cayó todo el peso del Estado y fue obligada a pagar la friolera de 8 mil 790 millones de pesos. Fue Buenrostro precisamente la que los apretó.

Pero es probable que ahora el asunto de su cónyuge sea solamente el pretexto de la investigación que ya aceptó el Consejo de la Judicatura. Ríos-Farjat tiene ahora mismo un duro enfrentamiento con Zaldívar.

Le declaró abiertamente la guerra cuando ni la llamada le tomó para escuchar la petición de votar la extensión de su presidencia dos años más. Vamos, no solo no lo escuchó sino que se propone votar en contra.

Ese desacato se suma a otras posturas que Julio Scherer, el consejero Jurídico de la Presidencia y encargado de la reforma a la Ley del Poder Judicial, ha detectado y que van contra la 4T.

De hecho la funcionaria es considerada ya en Palacio Nacional como una opositora, con todo y que López Obrador la nominó para llegar a la Corte. Quien la empujó fue el exjefe de la Oficina de la Presidencia.

Pero hasta a Alfonso Romo terminó desconociéndolo.

QUEDÓ SENTADO EL primer precedente donde se vincula a Google México, que dirige Julián Coulter, con presuntos actos de corrupción. El juez de control en el Centro de Justicia Penal, José Antonio Artemio Zúñiga vinculó a proceso el 23 de junio a un servidor público de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, que sin tener facultades y atribuciones le asignó un contrato de servicios de banners en páginas web sin estudios de mercado. Fue en el gobierno de Enrique Peña, bajo los auspicios de Alejandra Lagunes cuando dirigía Estrategia Digital Nacional. El implicado es Guillermo Ignacio González. El contrato lo firmó la directora jurídica de Google María Andrea Valles, por lo que el asunto podría tener alguna repercusión en las leyes anticorrupción americanas. La denuncia la hizo el abogado Ulrich Richter.

OTRO EXPEDIENTE QUE sigue creciendo como bola de nieve es el de AlphaCredit. Los socios americanos de esta Sofom que capitanean José Luis Orozco y Augusto Álvarez están empeñados en seguir pagando al comité especial compuesto por miembros no administrativos, en lugar de reestructurar más de mil millones de dólares en fondeos que han recibido. Alan Cohen, un experto en investigaciones corporativas y ex alto funcionario de la Comisión de Valores de Estados Unidos, a quien también sumaron ya como consejero independiente, es el que encabeza las pesquisas. La cosa es que una larga lista de bonistas como Amundi, M&G, Dubleline, New F. Cap, Schroeder´s, Invesco, BlackRock, Moneda, JPM Special Sits, UBS, Credit Suisse, Arena y Auxi, ya están ejerciendo acciones legales que pueden frustrar el Chapter 11.

LA SEMANA PASADA un portal de Estados Unidos revivió un capítulo de 2015 en el que se da cuenta de la relación cordial que el ahora presidente de Estados Unidos tiene con tres empresarios que hoy están en el ojo del huracán: Carlos Slim, Miguel Alemán Velasco y Miguel Alemán Magnani. Al menos los dos últimos sostienen una relación de negocios y de amistad con Hunter Biden y Jeff Cooper, este último, un avezado abogado del que ya aquí le había platicado. Es considerado ‘hijo’ por el propio Joe Biden. Aquéllos dos incluso en su momento tuvieron acercamientos con Emilio Lozoya buscando negocios de petróleo en México. Es curioso que desde allá se mande, justo ahora, el mensaje de cercanía con los que el mismo escrito califica como “billonarios mexicanos”.

POR CIERTO QUE la reestructura financiera de Interjet no podrá transitar si no se cumple un principio elemental: la capitalización por 4 mil 500 millones de pesos que comprometió el año pasado Alejandro del Valle a Miguel Alemán Magnani, con lo cual le transmitieron la presidencia y control de la aerolínea. El dinero simplemente nunca ingresó y el problema ahora es que los acuerdos se están cayendo. Como Del Valle ya no inyectó los recursos frescos los Alemán se diluyeron y junto con ellos su abogado Javier Mondragón, que tenía 5 por ciento de la compañía. Existe una negociación entre ambos para liquidar el importe de esa tenencia que tampoco se honró. Es por eso que no se descarta que el concurso se caiga.

NADA FÁCIL LA tiene la cadena de supermercados norteamericana HEB, que en México dirige Fernando Martínez, después de que se diera a conocer su proyecto de adquirir y derribar la plaza de toros Santa María de Querétaro para construir un centro comercial. Políticos, empresarios y promotores culturales de ese estado que próximamente gobernará Mauricio Kuri, han mostrado su preocupación por la intención de esta compañía extranjera de acabar con este sitio, que ha sido escenario de espectáculos de talla internacional y que forma parte del paisaje de la capital. De entrada, la Coparmex de esa entidad, que lidera Jorge Luis Camacho, ya se pronunció en contra de la destrucción del inmueble.

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