COMENTARIO DE LA SENTENCIA TC, CASO GIULIANA LLAMOJA_

23/11/2018 COMENTARIO DE LA SENTENCIA TC, CASO GIULIANA LLAMOJA. 

"DOBLE OJO" 

Está dirigido a fomentar el desarrollo de nuestra sociedad peruana con el n de 

alcanzar la excelencia humana. 

COMENTARIO DE LA SENTENCIA 

TC, CASO GIULIANA LLAMOJA. 

septiembre 01, 2013 

COMENTARIO A LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL EMITIDA EL 13 DE 

OCTUBRE DE 2008 

CASO: Giuliana Flor de María Llamoja Hilares. 

EXPEDIENTE: Nro. 00728-2008-PHC/TC. 

RECURSO DE AGRAVIO CONSTITUCIONAL CONTRA LA SENTENCIA DE LA PRIMERA 

SALA PENAL PARA REOS EN CARCEL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA 

(EXPEDIDA EL 23 DE NOVIEMBRE DE 2007) 

En nuestro país el máximo intérprete de la Constitución por excelencia es el Tribunal 

Constitucional. La vigencia de la norma constitucional, supone que los poderes públicos, 

para lograr la defensa de los derechos fundamentales y una adecuada distribución del 

poder, deban determinar límites y direcciones, los cuales deberán ser controlados 

judicialmente por el Tribunal Constitucional, en su calidad de Supremo Intérprete de la 

Constitución (LANDA ARROYO, César. Op. cit., p. 344). 

Justamente, a efectos de ejercitar este control judicial, resulta de capital importancia 

interpretar sistemáticamente las normas materialmente constitucionales –principios o 

normas- que conforman el sistema constitucional, las mismas que no siempre se 

encontrarán en la constitución formal, si no también en las leyes constitucionales, en las 

leyes orgánicas, en el derecho consuetudinario y en el derecho jurisprudencial (MENDOZA 

ESCALANTE, Mijail. Op. Cit., pp. 127-128). 

El Tribunal Constitucional tiene la obligación –según sea el caso- de que sus sentencias 

comparten declaraciones de verdaderos principios jurídicos cuando existan formulas 

vagas y ambiguas o hasta contradictorias que tiendan a la desprotección de los derechos 

fundamentales, debiendo brindar al ordenamiento jurídico la interpretación mas acorde 

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fundamentales, debiendo brindar al ordenamiento jurídico la interpretación mas acorde 

con la verdad constitucional, en el cual se rede na el papel de los jueces, se elaboren 

nuevos criterios de interpretación y se rompa el esquema tradicional imperante en 

nuestra historia judicial, de manera que su jurisprudencia constituya como fuente de 

derecho (RUBIO LLORENTE, Francisco. La forma del poder (Estudios sobre la 

Constitución). Centro de Estudios Constitucionales. Madrid, 1993. P. 485). 

El articulo 200, inciso 2 de la Constitución, que establece el Tribunal Constitucional 

conoce, en última y de nitiva instancia, las resoluciones denegatorias de habeas corpus, 

amparo, habeas datas, y acción de cumplimiento, este carácter objetivo es inherente a 

todo proceso jurisdiccional que constituya la última instancia o vía procesal posible para 

la resolución de una determinada Litis. 

Abocándose al caso concreto, la recurrente pretende que se expida una nueva resolución 

con arreglo a derecho y ordenar su inmediata libertad, porque argumenta que se ha 

vulnerado su derecho a la Tutela Procesal Efectiva que comprende el acceso a la justicia 

y el debido proceso, especí camente, los derechos a la defensa y a la debida motivación 

de las resoluciones judiciales, así como los principios de presunción de inocencia e 

indubio pro reo. Esto es a raíz de la demanda de habeas corpus de fecha 03 de agosto de 

2007 contra la Tercera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima (Sentencia 

condenatoria de fecha 26 de julio de 2006), y contra la Primera Sala Transitoria de la Corte 

Suprema de la República (Sentencia con rmatoria – Ejecutoria Suprema de fecha 22 de 

enero de 2007), ambas en el proceso penal Nro. 3651-2006. 

El Décimo Tercer Juzgado Penal de Lima, (Con fecha 10 de octubre de 2007), declaró 

improcedente la demanda contra los magistrados de la Tercera Sala Penal con Reos en 

Cárcel, e infundada contra los magistrados de la Primera Sala Transitorias de la Corte 

Suprema, por considerar que la sentencia condenatoria no puede ser considerada 

resolución rme, toda vez que contra ella oportunamente se interpuso recurso de nulidad; 

en el caso de la Ejecutoria Suprema, señala que el supremo colegiado ha actuado 

conforme a ley. 

Y, con similares fundamentos la Primera Sala Penal Superior para Reos en Cárcel de la 

Corte Superior de Justicia de Lima (Con fecha 23 de noviembre de 2007), la con rmó. 

Es así que la recurrente interpone Recurso de Agravio Constitucional, con la nalidad de 

lograr la nulidad de la sentencia condenatoria y su con rmatoria, recaídas en el proceso 

penal Nro. 3651-2006 y ordene su inmediata libertad. Para lograr su objetivo, la recurrente 

argumenta que tanto la Sentencia Condenatoria como la Ejecutoria Suprema, se han 

basado en criterios abiertamente desproporcionados, irracionales e ilógicos 

(Razonamientos absurdos), ilegales, sostenidos en falacias, hechos falsos, falta de 

motivación (Sesgada, objetiva, falaz, etc.); que asimismo presentan manipulación de 

pruebas y alteración del orden de los hechos en su perjuicio. 



El Tribunal Constitucional inicia el análisis y control constitucional en base al derecho 

constitucional a la debida motivación de las resoluciones judiciales. 

Desde este punto, la motivación es uno de los principios inherentes al Estado 

Democrático Constitucional es la motivación de las decisiones de toda autoridad o 

funcionario estatal, por ello está vinculado estrechamente con el derecho al debido 

proceso del particular, de manera tal que éste reciba una decisión debidamente motivada 

en Derecho para conocer la posición del Estado y, en su caso, impugnar la decisión. 

El Tribunal Constitucional, establece que la tutela del derecho a la motivación de las 

resoluciones judiciales no debe ni puede servir de pretexto para someter a un nuevo 

examen las cuestiones de fondo ya decididas por los jueces ordinarios (Exp. Nro. 1480- 

2006-AA/TC. Fs. 2). En tal sentido al Juez constitucional, no le incumbe el mérito de la 

causa, sino el análisis externo de la resolución, es con la nalidad de constatar si se ha 

llevado un juicio racional y objetivo. 

En el fundamento siete, el Tribunal Constitucional señala que las resoluciones judiciales 

es una garantía del justiciable frente a la arbitrariedad judicial. Las resoluciones deben 

contener datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o los que se derivan 

del caso. Sin embargo, no todo ni cualquier error en el que eventualmente incurra una 

resolución judicial constituye automáticamente la violación del contenido 

constitucionalmente protegido del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales. 

Es así que en el fundamento quince, el TC establece que la sentencia impugnada incurre 

en dos supuestos de indebida motivación de las resoluciones judiciales que tiene sobrada 

relevancia constitucional. En primer lugar, presenta una de ciencia en la motivación 

interna en su manifestación de falta de corrección lógica, así como una falta de 

coherencia narrativa y, en segundo lugar, presenta una de ciencia en la justi cación 

externa. 

En base a este fundamento, se muestra claramente que el magistrado Javier Román 

Santisteban, (Sentencia de fecha 22 de enero de 2007), no ha motivado adecuadamente 

para determinar que la recurrente a tenido la intención de matar a la occisa, simplemente 

se basa en el sentido de la desproporcionalidad en las heridas, ya que la occisa tenía mas 

de 60 cortes (Uno de ellos fue mortal) y la impugnante solamente 4 cortes. Por este 

razonamiento insu ciente el magistrado cree que es su ciente para tener animus necanti. 

Es como decir que quien tiene mas heridas es el sujeto activo del delito de parricidio y 

quien presenta menos heridas es el sujeto pasivo. En su argumentación señala también 

que la occisa privilegió la agresión con un elemento de menor peligrosidad (Objeto 

contundente duro o inclusive sus propios puños), la encausada utilizó primordialmente el 

arma cortante que portaba en la mano. 



Se ve claramente que hay una falta de coherencia narrativa y no hay lógica y según el TC, 

el Tribunal Penal se basa más en criterios cuantitativos antes que en aspectos 

cualitativos y la sentencia expedida es irrazonable, porque su ratio decidendi se halla 

fuera del ámbito del análisis estrictamente racional. Además establece que las 

conclusiones son arbitrarias y carecen de sustento lógico y jurídico; pues exceden los 

límites de la razonabilidad. 

El fundamento veinticinco, el TC en la parte nal argumenta que no basta con expresar 

que las conclusión responde a las reglas de la lógica, las máximas de la experiencia o a 

los conocimientos cientí cos, sino que dicho razonamiento lógico debe estar 

debidamente exteriorizado en la resolución de la contiene. 

Vale decir no basta con decir los hechos, sino demostrarlos, y en este caso no se puede 

sentenciar con pruebas indiciarias sino han sido demostradas lógicamente, de esta forma 

se garantiza el derecho a la presunción de inocencia. 

De esta manera el TC en su fundamento veintiséis, establece en la parte nal que lo 

mínimo que debe observarse en la sentencia y que debe estar claramente explicado o 

delimitado son los siguientes elementos: el hecho base o hecho indiciario, que debe estar 

plenamente probado (Indicio); el hecho consecuencia o hecho indiciado, lo que se trata de 

probar (Delito) y entre ellos, el enlace o razonamiento deductivo. Sigue señalando en su 

fundamento veintiocho parte nal, que no se puede establecer la responsabilidad penal de 

una persona y menos restringir la efectividad de su derecho fundamental a la libertad 

personal a través de la prueba indiciaria, si es que no se ha señalado debidamente y con 

total objetividad el procedimiento para su aplicación. 

El TC, deja claro que no es constitucional sentenciar a una persona sin antes haber 

probado objetivamente su responsabilidad y el juez penal debe de regirse estrictamente a 

los principios y valores constitucionales, con la nalidad de no vulnerar los derechos de la 

persona y no cometer el error de sentenciar con meras sospechas. 

Llegando a conclusiones, el TC en su fundamento treinta y dos considera que, 

de nitivamente, la sentencia impugnada no se encuentra dentro del ámbito de la sentencia 

penal estándar, sino que forma parte de aquellas que se caracterizan por el hábito de la 

declamación demostrativa de dar ciertos hechos como probados. 

Y, en su fundamento treinta y cuatro en la parte nal considera, que la demanda ha de ser 

estimada en parte, declarándose la nulidad de la Ejecutoria Suprema, debiendo el Tribunal 

Supremo emitir nueva resolución, según corresponda. 

Esta nueva resolución debe ser emitida por colegiado distinto y siempre tener presente 

esta sentencia. 

Analizando el derecho de presunción de inocencia está consagrado en el artículo 2 inc. 24 

literal e) de la Constitución que toda persona es considera inocente antes y durante el 



literal e) de la Constitución, que toda persona es considera inocente antes y durante el 

proceso penal. Hasta que una persona no es declarada culpable, es inocente. En este 

sentido la culpabilidad es un requisito fundamental para privar a una persona de su 

libertad. Para lograrlo es necesario probar con objetividad y congruencia. 

El principio indubio pro reo, se basa fundamentalmente cuando no hay certeza, claridad, es 

decir duda, esta favorece al reo. 

El TC, en su fundamento treinta y ocho primera parte establece que le corresponde 

veri car si existió o no en el proceso penal actividad probatoria mínima que desvirtúe ese 

estado de inocencia (Valoración objetiva de los medios de prueba). 

Vale decir que al TC, no le corresponde valorar los medios de prueba, porque esta función 

es exclusivamente de los jueces ordinarios. 

La recurrente, pretende la excarcelación, en este sentido el TC, la declara improcedente al 

considerar en anterior jurisprudencia (Exp. Nro. 2494-2002-HC/TC. FJ. 5; Exp. Nro. 2625- 

2002-HC/TC FJ. 5), “no procede la excarcelación, toda vez que, como se ha expuesto, al no 

afectar la nulidad de algunas etapas del proceso penal al auto de apertorio de instrucción, 

al mandato de detención (y a la sentencia condenatoria ésta), recobra todos sus efectos 

(…) 

Se declaró improcedente, porque continúan vigentes el auto que dispone la apertura de 

instrucción contra la recurrente, el mandato de detención decretado en él, la sentencia 

condenatoria. 

Considerando todo lo expuesto, estoy conforme con la sentencia emitida por el Tribunal 

Constitucional al declarar FUNDADA en parte la demanda de habeas corpus, NULA la 

ejecutoria suprema de fecha 22 de enero de 2007, recaída en el proceso penal Nro. 3651- 

2006, debiendo dicha instancia emitir nueva resolución. IMPROCEDENTE la demanda en el 

extremo que la recurrente solicita la excarcelación inmediata, de acuerdo al fundamento 

treinta y nueve de la sentencia. 

Viendo la decisión del Tribunal Constitucional, revisten una trascendental importancia. 

Elky Mily Càrdenas Lalangui lunes, 2 de septiembre de 2013, 14:54:00 GMT-5 

Esta muy bien Bebeto,te apoyo, si este conocieran todos los ciudadanos y 

en especial a los que tengan que sentenciar,"El TC, deja claro que no es 

constitucional sentenciar a una persona sin antes haber probado 

objetivamente su responsabilidad y el juez penal debe de regirse 

estrictamente a los principios y valores constitucionales, con la nalidad 

de no vulnerar los derechos de la persona y no cometer el error de 



de no vulnerar los derechos de la persona y no cometer el error de 

sentenciar con meras sospechas", es así que habrán ciudadanos que si 

estén de acuerdo. felicidades Bebeto. 

RESPONDER 

Elky "Chaskañahui" lunes, 2 de septiembre de 2013, 15:04:00 GMT-5 

Muy bueno Bebeto, te apoyo y estoy de acuerdo don las personas que 

tengas que sentenciar no se rijan en sospechas, porque durante este 

tiempo es bastante lamentable porque hay casos que no llevan la mejor 

solución "El TC, deja claro que no es constitucional sentenciar a una 

persona sin antes haber probado objetivamente su responsabilidad y el 

juez penal debe de regirse estrictamente a los principios y valores 

constitucionales, con la nalidad de no vulnerar los derechos de la persona 

y no cometer el error de sentenciar con meras sospechas". felicidades me 

querido hermano, estoy contigo. 


Anónimo sábado, 13 de septiembre de 2014, 16:55:00 GMT-5 

. 


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