El gobierno de Puebla ha desatendido los informes de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) que alertaron la sobrepoblación de la cárcel distrital de Tepeaca, pues en un año el exceso de internos no solo no redujo, sino que se incrementó de 500 a 600 por ciento, confirmándola como la prisión más hacinada de todo el país.
Las diputadas de Morena Delfina Gómez Álvarez, Sandra Luz Falcón Vengas y Blandina Ramos Ramírez presentaron un punto de acuerdo a la Cámara Baja del Congreso de la Unión, en el que exhortan al Poder Ejecutivo local a realizar los ajustes presupuestales y administrativos necesarios para combatir ese problema.
En el documento, expusieron que el penal de Tepeaca es un “pequeño reclusorio” con capacidad máxima para 46 personas, pero hasta abril de 2016 había 329 recluidos, según los datos del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social.
En el reporte de la CNS de febrero de 2015, el hacinamiento era menor, de 500 por ciento, ya que la cárcel tenía en ese entonces 276 internos.
Sin sentencia, 72% de los internos
De las 329 personas recluidas en este penal, agregaron, 239 están aún bajo proceso, es decir, 72 por ciento no ha recibido sentencia porque jurídicamente no se le ha comprobado culpabilidad en el delito que se les imputa.
Las legisladoras señalaron que la sobrepoblación ya ha causado problemas en ese centro penitenciario que datan de 2013, cuando un grupo de internos intentó escaparse cavando un hoyo de 80 centímetros que las autoridades descubrieron antes de la fuga.
Además, refirieron que en febrero de 2015 se registró una riña e intento de fuga de internos que protestaban por las condiciones de hacinamiento. “Para controlar la situación se requirió una intervención policiaca que paralizó Tepeaca, pues el penal se ubica en pleno centro de esa ciudad, a un costado de un jardín de niños”.
Piden a la Segob un monitoreo de las prisiones
Las representantes populares de Morena propusieron a la Cámara de Diputados exhortar a la Secretaría de Gobernación (Segob) federal y al CNS a que ejecuten un programa con un monitoreo constante que permita la verificación de las condiciones de seguridad y gobernabilidad de los sistemas penitenciarios del país.
Asimismo, sugirieron convocar a las entidades federativas a implementar acciones en los centros penitenciarios para regular el aislamiento cuando se trate de delitos graves y presos que requieran medidas especiales.
En cuanto al incremento presupuestal, indicaron que la Dirección General de Centros de Reinserción Social, que depende de la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla, tiene que destinarse principalmente a un aumento en la plantilla del personal penitenciario, para garantizar la seguridad de las cárceles y que éstas cumplan con su objetivo de lograr la reinserción social de los internos.