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El pleito por un centro comercial que preocupa a la Embajada de Francia

Se trata del proceso de extinción de dominio contra el Pasaje Comercial de La Sabana, inmueble que es propiedad de una integrante de la familia Garrel, reconocidos actores y directores de cine francés.

David Escobar Moreno
27 de septiembre de 2021 - 12:28 a. m.
Fachada centro comercial METRO 13
Fachada centro comercial METRO 13
Foto: El Espectador - Óscar Pérez

Desde hace un año se encuentra a disposición de los magistrados de la Sala de Extinción de Dominio del Tribunal Superior de Bogotá la ponencia sobre un caso que ha suscitado la preocupación de la Embajada de Francia en Colombia y que, incluso, este cuerpo diplomático ha puesto en conocimiento de los gobiernos de Iván Duque y del expresidente Juan Manuel Santos. Se trata del proceso de extinción de dominio del centro comercial Pasaje Comercial de la Sabana, un inmueble de 78 locales ubicado en el centro de Bogotá y que, según la Fiscalía, algunos de sus arrendatarios fueron parte de una red de blanqueo de celulares robados en la capital del país.

Esta tradicional edificación es propiedad, en el papel, de la ciudadana francesa Anne Emmanuel Sáenz-Garrel, y la heredó de su fallecido padre biológico, el abogado Luis Sáenz Fety, en 1989. Sin embargo, ella, quien no vive en Colombia y no habla español, nunca ha estado al frente de la administración del centro comercial, que ha sido manejado desde ese año por abogados e inmobiliarias que se encargan de consignarle a Sáenz- Garrel el dinero de los arriendos del centro comercial. Las autoridades empezaron a poner en su radar al centro comercial entre 2012 y 2013, cuando investigadores de la Sijín de la Policía indicaron que en algunos locales vendían celulares robados.

Luego de años de investigación, la Fiscalía ordenó entre febrero y septiembre de 2015, tres allanamientos a algunos locales de La Sabana y ocupó el bien con fines de extinción de dominio, exactamente el 9 de septiembre de ese año. Según el abogado de Anna Emmanuel en Colombia, Carlos Eduardo Naranjo, ella solo fue notificada de lo que pasaba en el centro comercial cuando la persona que lo administraba le contó en enero de 2016. Dos meses después, el caso ya estaba en manos de un juzgado, el cual, en marzo de 2017, terminó dándoles la razón (en primera instancia) a la Fiscalía y al Ministerio de Justicia, que durante el juicio pidieron que el inmueble fuera incautado.

“Se encuentra probada la ilicitud en algunos locales del centro comercial La Sabana, por la negligencia consistente en la selección de sus administradores, la pasividad y el poco interés mostrado por la propietaria del inmueble, quien solo se interesaba por percibir los réditos y no existe prueba alguna de que la propietaria ejecutó actos idóneos para evitar la continuación de actividades delictivas en su inmueble”, señaló el Juzgado Segundo Penal de Bogotá en su fallo de primera instancia, que fue apelado naturalmente por el abogado Naranjo, como por la procuradora del caso, Gloria Margarita Salazar.

La defensa de Anne Emmanuel

La Fiscalía presentó ante este juzgado informes de policía judicial, el testimonio de varios policías y de una persona vinculada a una peligrosa banda -que declaró desde el anonimato por seguridad- que darían cuenta de que, en al menos nueve locales del centro comercial La Sabana, se alteraban los IMEI de los celulares para poder venderlos. Sin embargo, para el abogado de la ciudadana francesa, esos informes nunca fueron presentados ante jueces para ser legalizados y tampoco existen condenas contra las personas que fueron capturadas durante los operativos hechos por la Policía y la Fiscalía. Incluso, dice el abogado, no se aportó la legalización de las capturas hechas en La Sabana, en 2015.

Por su parte, la Procuraduría argumentó ante los magistrados del Tribunal Superior de Bogotá que Anne Emmanuel nunca ha estado al frente de la administración del centro comercial y que “ha sido manejado por sociedades o empresas inmobiliarias legalmente constituidas y ampliamente conocidas en la ciudad, quienes lo han arrendado a varias personas con fines comerciales”. Y agregó que en los últimos años el inmueble era operado por una sociedad que conformó el denominado Pasaje Comercial de La Sabana a “través de contratos plenamente ajustados a la legalidad y que fueron entregados durante el proceso de extinción de dominio.

Según Naranjo, el inmueble está en manos de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) entidad del Estado colombiano encargada de administrar los bienes incautados al crimen organizado. Ese organismo le dijo a este diario que desde el pasado 6 de septiembre de 2021 administra el inmueble provisionalmente Army Judith Escandón, en remplazo de Héctor Hernán Sarmiento. El Espectador fue hasta el centro comercial que está en un sector complejo en materia de seguridad y en el que se presentan hurtos constantemente, y encontró que actualmente el edificio cuenta con seguridad y hay actividad comercial al interior del mismo.

Cruce de cartas

Desde que el centro comercial quedó en medio del proceso de extinción de dominio, quien ha estado más al tanto del caso es Thierry Garrel, padre adoptivo de Anne Emmanuel y conocido productor y crítico de cine en Europa. Incluso, tres generaciones de su familia han sido parte de la industria cinematográfica, entre los que se destacan su padre, el actor Maurice Garrel; su hermano, el director y guionista Phillipe Garrel, y sus sobrinos, los actores Esther y Louis Garrel. Desde 2018, Thierry Garrel ha enviado una serie de cartas a la Embajada de Francia en Colombia y al Ministerio de Justicia expresando su preocupación sobre el proceso, el cual ha calificado como una “expropiación abusiva”.

El caso causó tal revuelo dentro del cuerpo diplomático, que el entonces embajador francés en Colombia, Gautier Mignot, le escribió una carta al exministro de Justicia, Enrique Gil Botero, en la que le expresaba su preocupación sobre el caso. La más reciente carta enviada por Thierry Garrel -fechada del 1° de septiembre de 2021- al actual ministro de Justicia, Wilson Ruiz, señala que ya son seis años sin que haya un fallo en segunda instancia y que los dineros de los arriendos del centro comercial eran destinados a cubrir gastos básicos de Anne Emmanuel. Además, explicó que tanto el cónsul como la embajadora de Francia en Colombia ya tienen conocimiento del caso La Sabana, el cual de tener un fallo que mantenga la extinción de dominio, sería un “grave mensaje” para la inversión extranjera. Pese a que el caso ronda despachos diplomáticos, el caso sigue todavía sin avance.

La familia Garrel en el cine

Thierry Garrel y Anne Emmanuel Sáenz-Garrel hacen parte de una familia que, desde finales de los años cincuenta hasta la actualidad ha hecho parte de la industria del cine y la televisión francesa. El padre de Thierry es Maurice Garrel, quien trabajó con prestigiosos directores de cine como François Truffaut, Jacques Rivette y Costa-Gavras. Philippe Garrel, hermano de Thierry, es un director de cine que a raíz de sus filmes ha ganado premios en los festivales de cine de Cannes y Venecia. Sus dos hijos, sobrinos de Thierry, son los actores Louis y Esther Garrel. El primero de ellos ha trabajado con directores como Bernardo Bertolucci, Xavier Dolan y en largometrajes de su propio padre. Esther, por su parte, ha participado en dos largometrajes del director de cine italiano Lucas Guadagnino.

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Magdalena(45338)29 de septiembre de 2021 - 12:19 a. m.
No van a descansar hasta que le hagan la extinción de dominio luego se lo regalan a un amigote.
hugo(70179)28 de septiembre de 2021 - 02:22 a. m.
Tinterillos ratas detras de esto....
José(5470)27 de septiembre de 2021 - 06:45 p. m.
Debe existir alternativas para estos casos donde la propietaria no tiene la más mínima idea de los inquilinos que entre otras es obligatoria de la policía y órganos de control y no de quien ha sido asaltada en su buena fe. Por ahí se asoma un comprador.
Marco(t2vy2)27 de septiembre de 2021 - 02:08 p. m.
¿Y la extinción de dominio a las ficas cocaleras de San Clemente, exembajador de Duque? ¿Ahí no hay sentencias ni nada que investigar?, y si esta propietaria mostró tanto desinterés por su propiedad, ¿cuál es la responsabilidad de San Clemente? Igual, que se ve muy mal a un país forzando a otro a darle vuelta a sus decisiones judiciales. Ahí estamos pintados.
Luis(mja4m)27 de septiembre de 2021 - 01:44 p. m.
El asunto es curioso con la Fiscalía, por decirlo suave. Aqui si se declara a la propietaria responsable y del declaran extinción de dominio, pero en el caso de la avioneta con 440 kilos de coca en Providencia, el propietario sales a ser declarado víctima. Que justicia tan chueca la de esta bananera.
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