Un reciente informe sostiene que la regulación de las drogas ilegales puede ayudar a los gobiernos a enfrentar el crimen organizado, lo cual se suma a un creciente número de voces que proponen la despenalización del consumo personal. ¿Podrá esta propuesta convertirse en una realidad?

El informe, de la Comisión Global de Política de Drogas, desarrolla la idea de que el comercio de drogas ilegales solo beneficia a los grupos criminales transnacionales, mientras que los países en los que operan padecen las consecuencias.

Los autores del informe sostienen que las organizaciones criminales se benefician de la prohibición de las drogas, a la vez que controlan todos los aspectos de la cadena de producción y distribución, de los cuales obtienen sus ganancias.

“Todas las regiones del mundo padecen las consecuencias, bien sea por la violencia generada por las guerras territoriales en áreas de producción y rutas de tránsito, por la corrupción y la connivencia de las instituciones del Estado, o por el lavado de dinero del narcotráfico, que perjudica la economía legal”, dice en el informe Ruth Dreifuss, presidenta de la comisión y exmandataria de Suiza.

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Los autores del informe proponen regular y despenalizar las drogas ilegales de la misma manera que se hace actualmente con el alcohol y el tabaco. Esto incluye, por ejemplo, prohibir el consumo para los menores de edad, imponer altos impuestos e invertir en campañas de salud pública para disuadir el consumo.

La comisión está conformada por un grupo de líderes e intelectuales mundiales, entre los que se encuentran varios expresidentes latinoamericanos, como Ricardo Lagos de Chile, César Gaviria de Colombia y Ernesto Zedillo de México.

Análisis de InSight Crime

La idea de que regular las drogas puede ayudar a enfrentar el crimen organizado no es nueva, pero está ganando fuerza en Latinoamérica, especialmente con la reciente legalización de la marihuana en Canadá y Uruguay.

“Creo que se han hecho avances. Hace diez años, el debate sobre la regulación de las drogas era muy difícil. Hoy en día, por lo menos podemos hablar del tema”, dijo Ricardo Lagos, expresidente de Chile y miembro de la Comisión Global de Política de Drogas, tras ser consultado por InSight Crime.

El debate sobre la regulación de las drogas ha surgido luego del fracaso de estrategias duras en países como Colombia y México, que se ubican en el centro del mercado de drogas. En efecto, el cultivo de coca en Colombia está actualmente en su nivel más alto, y la violencia en México ha alcanzado niveles sin precedentes.

Quienes están a favor de la regulación de las drogas ilegales proponen que se les dé el mismo tratamiento que a otras sustancias nocivas, como el tabaco y el alcohol. Argumentan que ello reduciría inmediatamente los beneficios de las organizaciones criminales. Y de esta manera los gobiernos podrían enfrentar la adicción mediante programas de rehabilitación y subvencionar los costos de dichos programas mediante nuevos esquemas de impuestos.

Despenalizar las drogas no acabaría inmediatamente con todas las organizaciones criminales, las cuales cuentan con diversos portafolios criminales y podrían incursionar en otras economías ilegales. Pero sería un primer paso positivo, aunque los gobiernos también necesitarían una estrategia efectiva para hacer frente al lavado de dinero y la corrupción.

Latinoamérica todavía está lejos de la legalización de las drogas a gran escala, como ha ocurrido en Portugal, o incluso de los debates de la regulación de las supuestas “drogas duras”, como la cocaína. Pero los experimentos de legalización de la marihuana en Uruguay, y recientemente en Canadá, ofrecen algunos indicios sobre cómo hacerlo.

Varios expertos de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA por sus iniciales en inglés) presentaron un informe sobre la situación de la legalización de la marihuana en Uruguay casi un año después de que esta entrara en vigor en el año 2013.

En su informe identificaron una serie de desafíos en la implementación de la ley, como la capacidad del sistema para satisfacer la demanda, y asuntos como el hecho de que a los bancos estadounidenses no se les permite hacer negocios con empresas dedicadas a la venta o distribución de sustancias controladas, incluyendo la marihuana. Pero los expertos afirman que el futuro de la industria es positivo, dado que la mayoría de estos problemas se pueden superar mediante cambios de políticas, la educación continua y la acumulación de experiencia.

Sin embargo, varios líderes mundiales están en contra de cualquier forma de despenalización de las drogas.

Poco antes de la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre de 2018, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó a todas las naciones a firmar un compromiso de combatir el tráfico de drogas mediante una “una estrategia basada en cuatro pilares”. Dicha estrategia consiste en reducir la demanda de drogas, promover los tratamientos para la drogadicción, reforzar la cooperación de los organismos de seguridad a nivel multinacional y reducir el suministro de drogas. Dicho compromiso fue una medida inusual, dado que la política de drogas de las Naciones Unidas se decide usualmente mediante deliberación y consenso.

Colombia fue uno de los países que apoyó el plan.

Recientemente, el presidente Iván Duque prohibió el consumo personal de pequeñas cantidades de cocaína y marihuana. El 1 de octubre firmó un decreto que autoriza a la policía a registrar a las personas y confiscar las cantidades pequeñas de drogas que lleven consigo. Esta orden invalida una sentencia de la Corte Constitucional que les otorgaba a las personas el derecho a llevar pequeñas dosis de drogas para consumo personal.

A pesar de las dificultades, el expresidente Lagos sigue siendo positivo y cree que la clave para hacer frente a las organizaciones criminales consiste en lograr un consenso regional para regular el consumo personal de drogas.

“No basta con que los legisladores aprueben leyes”, afirmó. “Es esencial que la sociedad debata estos importantes temas y entienda que no se trata de un problema que puede resolverse a nivel nacional, sino que requiere una estrategia internacional”.