Un enfoque hacia la protección de los derechos fundamentales
La violencia intrafamiliar es un problema social que afecta a personas de diferentes edades, géneros y estratos sociales en todo el mundo. En Ecuador, este fenómeno ha sido reconocido como una grave violación de los derechos humanos y ha sido abordado desde una perspectiva legal en busca de la protección de las víctimas y la erradicación de esta problemática. En este artículo, analizaremos el tratamiento jurídico de la violencia intrafamiliar en Ecuador, destacando las leyes y medidas implementadas para combatir esta problemática y garantizar la seguridad y bienestar de las personas afectadas.
En Ecuador, la violencia intrafamiliar es abordada principalmente a través de la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (LOIV) y el Código Orgánico Integral Penal (COIP). Estas legislaciones establecen mecanismos para prevenir, sancionar y erradicar todo tipo de violencia intrafamiliar, tanto física como psicológica, sexual, económica o patrimonial.
Entre las medidas de protección contempladas en la LOIV se encuentran las órdenes de alejamiento, las medidas de protección integral, la atención y asistencia a las víctimas, y la creación de instituciones especializadas en la atención de casos de violencia intrafamiliar. Además, la ley establece la obligación de capacitar a profesionales en la detección y atención de esta problemática, así como la promoción de campañas de sensibilización y prevención.
Por su parte, el COIP tipifica como delitos diversas formas de violencia intrafamiliar, imponiendo sanciones penales para los agresores y garantizando la atención y reparación integral a las víctimas.
Uno de los aspectos más importantes del tratamiento jurídico de la violencia intrafamiliar en Ecuador es su enfoque de género. La LOIV reconoce que las mujeres son las principales víctimas de esta forma de violencia, debido a patrones de desigualdad y discriminación arraigados en la sociedad. Por tanto, se implementan medidas especiales de protección para garantizar el ejercicio pleno de sus derechos fundamentales.
Además, tanto la LOIV como el COIP consideran la violencia intrafamiliar como una violación de los derechos humanos, asegurando la protección de la integridad física, psicológica y sexual de las víctimas. Asimismo, se promueve la participación activa de las víctimas en los procesos judiciales y se garantiza su acceso a servicios de apoyo y asistencia integral.
A pesar de los avances en el tratamiento jurídico de la violencia intrafamiliar en Ecuador, aún persisten desafíos significativos. La subnotificación de casos, la impunidad, la falta de recursos y la necesidad de una mayor sensibilización y educación son algunos de los retos que se deben abordar para lograr una plena erradicación de esta problemática.
Denunciar la violencia intrafamiliar es un paso crucial para poner fin al ciclo de abuso y garantizar la seguridad de las víctimas. En Ecuador, existen varios mecanismos y recursos disponibles para aquellas personas que deseen denunciar casos de violencia intrafamiliar y buscar ayuda. A continuación, se describen los pasos clave para denunciar la violencia intrafamiliar en Ecuador:
En Ecuador, existen varias instituciones y organizaciones dedicadas a brindar apoyo a las víctimas de violencia intrafamiliar. La Línea Nacional contra la Violencia (1800 DELITO) es una línea telefónica gratuita que ofrece asesoramiento legal y psicológico las 24 horas del día. Además, el Ministerio de Salud cuenta con servicios de atención psicológica y médica para las víctimas.
La denuncia formal es un paso importante para que las autoridades tomen acción. Las víctimas pueden acudir a la Fiscalía General del Estado o a la Policía Nacional para presentar la denuncia. Es fundamental llevar consigo cualquier evidencia relevante, como fotografías de lesiones, mensajes de texto amenazantes o testigos.
En caso de peligro inminente, las víctimas pueden solicitar medidas de protección y órdenes de alejamiento. Estas medidas buscan garantizar la seguridad de la víctima y pueden ser solicitadas en el momento de la denuncia. Es importante informar a las autoridades sobre cualquier amenaza o riesgo para poder obtener la protección necesaria.
Las víctimas de violencia intrafamiliar tienen derecho a recibir asistencia legal gratuita. En Ecuador, la Defensoría Pública brinda asesoramiento legal y representa a las víctimas que no pueden costear un abogado particular. También existen organizaciones no gubernamentales que ofrecen servicios legales gratuitos.
Es importante destacar que denunciar la violencia intrafamiliar puede ser un proceso difícil y aterrador para las víctimas. Por ello, es crucial contar con el apoyo de familiares, amigos o profesionales especializados en violencia de género durante todo el proceso.
Fuente : Código Orgánico Integral Penal. (COIP). Registro Oficial, Suplemento 180.(2014).
Blog escrito por la pasante Camila Proaño
Lunes, 19 de Junio del 2023.
La flagrancia se define como la situación en la que una persona es sorprendida cometiendo un delito en presencia de una o más personas, o cuando se la descubre inmediatamente después de su supuesta comisión, siempre que exista una persecución ininterrumpida desde el momento de la supuesta comisión hasta la aprehensión.Este concepto se encuentra establecido en el Artículo 527 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), el cual detalla los elementos que configuran la flagrancia:1. Presencia del delito: El delito debe estar siendo cometido o se acaba de cometer en el momento en que se aprehende al presunto responsable.2. Testimonios: La presencia de una o más personas que presenciaron el delito y pueden dar fe de lo sucedido.3. Persecución ininterrumpida: Si el presunto responsable no fue aprehendido en el momento del delito, debe existir una persecución inmediata y sin interrupciones hasta su captura.4. Evidencia: La existencia de elementos que vinculen al presunto responsable con el delito, como objetos, huellas o marcas.Importancia de la flagrancia:La flagrancia es un elemento crucial en el sistema procesal penal ecuatoriano, ya que permite la aprehensión inmediata del presunto responsable sin necesidad de una orden judicial previa. Esto facilita la investigación del delito y la puesta a disposición del imputado ante la justicia de manera oportuna.Procedimiento en caso de flagrancia:En caso de flagrancia, cualquier persona puede aprehender al presunto responsable y entregarlo a la autoridad policial más cercana. La policía, a su vez, debe poner al detenido a disposición de la Fiscalía en un plazo máximo de 48 horas.Fiscalía:La Fiscalía tiene la responsabilidad de realizar las investigaciones pertinentes para determinar si efectivamente se ha cometido un delito en flagrancia y si existen elementos suficientes para formular cargos contra el detenido. Si se cumplen estas condiciones, la Fiscalía procederá a iniciar un proceso penal en contra del imputado.En conclusión la flagrancia es un concepto jurídico de gran importancia en el Ecuador, ya que permite la detención inmediata de los presuntos responsables de delitos, facilitando así la investigación y el acceso a la justicia. Es fundamental que tanto las autoridades como la ciudadanía conozcan los elementos que configuran la flagrancia para garantizar una correcta aplicación de la ley.Bibliografía:Código Orgánico Integral Penal (COIP): https://www.defensa.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2021/03/COIP_act_feb-2021.pdfDefensoría Pública del Ecuador: https://www.defensoria.gob.ec/ Fiscalía General del Estado: https://www.fiscalia.gob.ec/unidades-de-flagrancia/Blog escrito por la Consultora Emelin QuishpeJueves, 09 de Mayo del 2024
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Una Manifestación Devastadora de Control y Abuso hacia la mujerLa violencia contra las mujeres es una problemática global que trasciende fronteras, culturas y clases sociales. En Ecuador, la Ley para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres define varios tipos de violencia, entre ellos la violencia psicológica. Este tipo de violencia, aunque no deja marcas físicas evidentes, puede ser igualmente devastadora y dejar cicatrices emocionales profundas que afectan la salud mental y el bienestar de las víctimas.Definiendo la Violencia PsicológicaSegún el artículo 10 de la mencionada ley, la violencia psicológica se manifiesta a través de acciones, omisiones o patrones de conducta dirigidos a causar daño emocional, disminuir la autoestima, afectar la honra, provocar descrédito, menospreciar la dignidad personal o controlar la conducta de una mujer. Esto puede incluir una variedad de comportamientos, desde la humillación y la intimidación hasta el control excesivo de sus acciones y decisiones.La manipulación emocional, el acoso, el hostigamiento y cualquier conducta abusiva entran en la categoría de violencia psicológica. Incluso los mensajes electrónicos o gestos que persiguen, intimidan o chantajean a una mujer pueden ser considerados como tales. Es importante destacar que este tipo de violencia puede tener repercusiones graves en diversos aspectos de la vida de la víctima, incluyendo su estabilidad emocional, dignidad, prestigio, integridad física o psíquica, así como en su empleo, educación y relaciones personales.Respuesta Integral y Especializada La ley establece claramente la obligación de las autoridades de brindar atención médica, psicológica, socioeconómica y asesoría jurídica especializada a las mujeres víctimas de violencia. Esto implica no solo proporcionar ayuda inmediata y gratuita, sino también diseñar modelos y protocolos de coordinación interinstitucional para garantizar una atención integral y especializada.La creación de redes de servicios especializados y gratuitos, así como la capacitación permanente de profesionales en la materia, son medidas fundamentales para abordar eficazmente la violencia psicológica y sus consecuencias. Además, se promueve la implementación de políticas de incentivos socioeconómicos para apoyar a las víctimas y sus familias, reconociendo el impacto económico que la violencia puede tener en sus vidas.Medidas de Protección y PrevenciónLa ley también contempla medidas administrativas inmediatas de protección, como la emisión de boletas de auxilio y órdenes de restricción de acercamiento a la víctima por parte del agresor. Estas medidas buscan salvaguardar la integridad física, psicológica y sexual de las mujeres en situaciones de riesgo, proporcionándoles un entorno seguro y protegido. Además de la atención y protección a las víctimas, es fundamental trabajar en la prevención de la violencia psicológica a través de la sensibilización, la educación y la promoción de relaciones basadas en el respeto mutuo y la igualdad de género. Esto implica un esfuerzo conjunto de la sociedad en su conjunto, incluyendo a instituciones públicas, privadas y a la comunidad en general.ConclusiónLa violencia psicológica es una forma insidiosa de control y abuso que puede tener consecuencias devastadoras para las mujeres que la sufren. Es fundamental reconocerla, denunciarla y proporcionar a las víctimas el apoyo y la atención especializada que necesitan para superar sus efectos. Solo a través de un enfoque integral y coordinado podemos prevenir y erradicar esta manifestación de violencia de género y construir una sociedad más justa e igualitaria para todas y todos.Fuente: Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la violencia contra las mujeres. ( 2021). Registro Oficial Suplemento No. 175. Quito, Ecuador.Blog escrito por la Consultora Camila ProañoLunes, 06 de Mayo del 2024
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La validez procesal en materia civil constituye un pilar fundamental para garantizar el desarrollo justo y equitativo de los procesos judiciales. En el contexto jurídico ecuatoriano, este principio encuentra sustento en diversos cuerpos normativos y jurisprudenciales, los cuales establecen los requisitos y condiciones que deben cumplir los actos procesales para ser considerados válidos y producir efectos jurídicos.Fundamentos normativos de la validez procesalLa Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 76, numeral 7, garantiza el derecho al debido proceso, el cual implica que toda persona tenga acceso a una justicia oportuna, imparcial y eficaz. Este derecho fundamental establece la base sobre la cual se construye la validez procesal, pues exige que los actos procesales se realicen de conformidad con la ley y respeten los derechos de las partes involucradas.El Código Orgánico General de Procesos (COGEP), en su artículo 130, define a la validez como la aptitud de un acto procesal para producir los efectos jurídicos que le son propios. Este artículo establece que los actos procesales deben cumplir con los siguientes requisitos para ser considerados válidos:Capacidad: Las personas que intervienen en el proceso deben tener la capacidad legal para hacerlo.Competencia: El juez o tribunal que conoce la causa debe tener la competencia para hacerlo.Forma: Los actos procesales deben realizarse de acuerdo con las formalidades establecidas por la ley.Objeto: El objeto del acto procesal debe ser lícito y posible.Causa: El acto procesal debe tener una causa justa y razonableEn conclusión la validez procesal en materia civil es un tema de gran importancia para garantizar el desarrollo justo y equitativo de los procesos judiciales. Los fundamentos normativos y jurisprudenciales sobre la validez procesal establecen los requisitos y condiciones que deben cumplir los actos procesales para ser considerados válidos y producir efectos jurídicos. El conocimiento de estos principios es fundamental para los operadores jurídicos y las partes involucradas en un proceso judicial.Referencias:Constitución de la República del Ecuador. (2008). Quito: Registro Oficial 449 Código Orgánico General de Procesos (COGEP). (2015). Quito: Registro Oficial Suplemento 506 Blog escrito por la Consultora Emelin QuishpeSábado, 04 de Mayo del 2024.
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La punibilidad de la preparaciónEn un sistema legal donde la intención y la acción se entrelazan, la línea entre la inocencia y la culpabilidad puede volverse borrosa. Existe una frontera difusa y a menudo controvertida respecto a la preparación para cometer un delito. El Código Orgánico General de Procesos consagra tres ocasiones en que la preparación es considerada punible. Estos son: la tenencia de armas, la asociación ilícita y la intimidación.Primero, la tenencia de armas como delito tipificado sugiere ser una forma de precaución legítima, sin embargo, desde el punto de vista de preparación para un delito, surge la pregunta: ¿es este un indicio inequívoco de intenciones criminales? El artículo 360 del COIP considera a la tenencia de armas como una señal de posibilidad de un delito futuro. Si bien es cierto, no se ha consumado un delito grave que a ojo de la sociedad cause tanto repudio social, pero se considera delito porque no rechaza la idea que puede suceder en cualquier momento.Segundo, el artículo 370 menciona la asociación ilícita. A primera vista podría considerarse que una simple reunión de individuos no causa daño a nadie, pero este delito sugiere que esta reunión de individuos ha traspasado los límites de la legalidad para convertirse en delito. Es decir, existe la preparación del cometimiento de un delito grave y por ello, la asociación ilícita es punible.Tercero, la intimidación consagrada en el artículo 154 describe un caso de amenaza, pero que solo si es creíble se considera punible. Es el ejemplo más claro de preparación de un delito, pues en la intimidación hay descripción de lo próximo a ocurrir y es muy cerca de que pase de palabras a actos. Por tanto, la ley busca castigar no solo el daño físico, sino también prevenir la angustia mental y emocional de dichas amenazas.Finalmente, la preparación se convierte en un espectáculo de intenciones, donde la inocencia y culpabilidad se discuten. La preparación puede ser punible o no, puesto que se admiten varias explicaciones no necesariamente penales, sin embargo, hay tres excepciones a la punibilidad de la preparación: la conspiración, proposición y provocación. En última instancia, se tiene claro que es punible lo que esté tipificado.Bibliografía:Código Orgánico Integral Penal. Art. 360. Registro Oficial Suplemento 180 de 10 de febrero de 2014.Art. 370 IbidemArt. 154 IbidemBlog escrito por la Consultora Cristina AulesJueves, 02 de Mayo del 2024
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Protección Laboral y JurisdicciónEl despido ineficaz es un tema crucial en el ámbito laboral ecuatoriano, amparado por el Código de Trabajo del país. Este artículo se centra en los artículos 195.1 y 195.2 de dicho código, que establecen las bases legales para la protección de los trabajadores frente a despidos injustificados, especialmente en casos específicos como el embarazo y la función sindical. El artículo 195.1 prohíbe explícitamente el despido intempestivo de trabajadores en estado de embarazo o asociado a su condición de gestación o maternidad. Esta prohibición se fundamenta en el principio de inamovilidad que protege a las trabajadoras en estas circunstancias. Además, se extiende esta protección a los dirigentes sindicales durante el ejercicio de sus funciones, tal como se establece en el artículo 187 del mismo código.Por otro lado, el artículo 195.2 establece el procedimiento a seguir una vez que se produce un despido considerado ineficaz según las disposiciones del artículo 195.1. En primer lugar, la persona trabajadora afectada tiene un plazo máximo de treinta días para interponer su acción ante el Juez del Trabajo de la jurisdicción correspondiente al lugar donde ocurrió el despido.Una vez admitida a trámite la demanda, se cita a la parte empleadora en el plazo establecido por el Código Orgánico General de Procesos. En esta etapa, el juez puede dictar medidas cautelares que permitan el reintegro inmediato al trabajo del trabajador afectado mientras se lleva a cabo el proceso legal.Tanto en la demanda como en la contestación, se deben acompañar las pruebas pertinentes, y se pueden solicitar pruebas adicionales durante el proceso. Finalmente, se convoca a una audiencia que, siguiendo los plazos establecidos en el Código Orgánico General de Procesos, inicia con un intento de conciliación entre las partes. En caso de llegar a un acuerdo, este se autoriza por sentencia; de lo contrario, se procede con la práctica de las pruebas solicitadas para resolver el caso.En resumen, los artículos 195.1 y 195.2 del Código de Trabajo del Ecuador garantizan la protección de los trabajadores frente a despidos injustificados, especialmente en casos sensibles como el embarazo y la actividad sindical. Estas disposiciones legales proporcionan un marco claro y procedimientos establecidos para resolver conflictos laborales relacionados con el despido ineficaz, asegurando así el cumplimiento de los derechos laborales en el país.Fuente: Código del Trabajo.(2023). Registro Oficial Suplemento No. 167. Quito, Ecuador.Blog escrito por la Consultora Camila ProañoLunes, 29 de Abril del 2024.
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Tras las fronteras de la justiciaLa práctica de la extradición ha significado un tema de debate para muchos países, el Ecuador no es una excepción, sobre todo en la actualidad, puesto que el estado está en miras de alcanzar la aprobación de la ciudadanía para que se permita la extradición. Se entiende como extradición a un proceso legal mediante el cual un Estado soberano requiere a otro que tiene el carácter de reclamante, que se le entregue a una persona imputada por la comisión de un delito o que ya ha sido sentenciada para hacerle cumplir su condena en el país requirente. Dicho proceso está sometido a una serie de principios, sobre todo cuando es internacional. Principios tales como el de reciprocidad, de la identidad de la norma y la limitación de la persecución o de ejecución de la sentencia exclusivamente al delito materia de la extradición. Estos principios modelan una forma de procedimiento para que se consiga la extradición. (Green, 1997).Esta figura legal plantea una serie de cuestiones complejas que son objeto de discusión y controversia en varios casos. El aspecto más debatido es sobre el equilibro entre la soberanía nacional y la cooperación internacional, cuestionándose ¿Hasta qué punto debe un país ceder su autoridad sobre sus ciudadanos para satisfacer las demandas de otros países? Además, importa mucho señalar en este orden las discusiones que surgen a nivel de derechos humanos y garantías legales, puesto que, se conoce que hay el riesgo que los extraditados enfrenten condiciones carcelarias inhumanas o sean sometidos a juicios injustos. Por tanto, derechos humanos se ha planteado el inconveniente sobre si la extradición viola los derechos fundamentales de los acusados.Un caso emblemático que ilustra estas preocupaciones es el de Julian Assange, fundador de WikiLeaks, quien enfrenta cargos en Estados Unidos relacionados con la divulgación de información clasificada. El caso de Assange ha generado un intenso debate sobre la libertad de expresión y el papel de los periodistas en la era digital. La extradición de Assange a Estados Unidos plantea preguntas sobre la protección de los derechos humanos y la independencia judicial en el contexto de la presión política y diplomática. (Thebes, 2011).Sin embargo, la extradición especialmente por casos de crímenes graves como el terrorismo, tráfico de drogas y la corrupción, tal y como lo está viviendo el Ecuador, resulta una figura legal muy atractiva. La cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado es fundamental para garantizar la seguridad y el bienestar de la sociedad. La extradición puede ser vista como un mecanismo para garantizar la rendición de cuentas y la justicia para las víctimas de delitos transnacionales.En conclusión, el debate sobre la extradición en Ecuador es un reflejo de los desafíos más amplios que enfrenta la comunidad internacional en materia de justicia, derechos humanos y cooperación internacional. Si bien es importante garantizar que los derechos de los acusados sean respetados, también es fundamental asegurar que los responsables de crímenes graves sean llevados ante la justicia. FuentesGreen, V. A. (1997). Algunos principios que rigen la extradición. In El papel del derecho internacional en América: la soberanía nacional en la era de la integración regional (pp. 403-410). Instituto de Investigaciones Jurídicas. Thebes, M. (2011). The prospect of extraditing Julian Assange. NCJ Int'l L. & Com. Reg., 37, 889.Blog escrito por la consultora Cristina AulesSábado, 25 de Abril del 2024.
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